Ella lo estaba pidiendo.

48572WideModern_WomanNightAlone_131015En agosto de 2012 el país conoció el nombre de una mujer víctima de una de las peores agresiones registradas hasta ese entonces. Rosa Elvira Cely murió tras el ataque de Javier Velasco, en su momento compañero de estudios de la mujer y tras quien cursaba una orden de captura por un hecho similiar.

Rosa se convirtió en un símbolo que movilizó a millones y que hizo necesaria la aprobación de la Ley del Feminicidio que lleva su nombre.

 

Hace a penas dos años, la familia Cely decidió interponer una demanda contra varias instituciones. Argumentan que no se tomaron las medidas pertimentes para evitar el ataque y posterior fallecimiento de la mujer.

Las instituciones demandadas respondieron a través de sus abogados, pero una de ellas fue más allá.

La Secretaría de Gobierno a través de la abogada Luz Estela Boada se dedicó a esgrimir todos los prejuicios existentes que se han utilizado para culpar a las víctimas de violencia sexual. Una versión extendida del tristemente recurrente ¡ella lo estaba pidiendo!
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Nayibe Carrasco, jefa de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno, delegó a Boada para asumir la defensa del Distrito. Se sabe ahora por declaraciones de  Miguel Uribe Turbay, Secretario de Gobierno, que la carta de renuncia de Carrasco fue presentada en las últimas horas.

 

Si bien es cierto que la oficina jurídica tenía autonomía para dar contestación a la demanda, un caso tan emblemático debió pasar por las manos del Secretario.  Nos preguntamos cómo es posible que absolutamente nadie se halla fijado en la tremenda injusticia que estaba cometiendo contra Rosa, su familia y todas las personas que han sufrido abuso.

 

En palabras de Uribe, el Distrito pedirá que el argumento de Boada no sea tenido en cuenta por el juez correspondiente.

No obstante, quedan otras preguntas que traspasan el caso en particular: cómo y por qué se nombran funcionarios que creen lícito imponer sus prejuicios por encima de los derechos y la obligación que tiene el Estado de proteger a todos sus ciudadanos.

 

Cuántos abogados, jueces, fiscales, médicos y celadores, obligan a que las víctimas pasen por sus filtros de moral cuando asisten a ellos en una dolorosa búsqueda de reparación y justicia.
El accionar de estos funcionarios es un alivio para los victimarios.

 

Resulta aterrador que las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos nos condenen a un permanente estado de indefención.

 

Al Distrito y al Estado le exigimos un compromiso real en contra de la violencia que también se ejerce desde allí.

Para que quede claro, no, ella no lo estaba pidiendo. Ninguna víctima de violencia sexual lo ha pedido.

 

Atrévete Bogotá Ihollaback.

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