
Rosa se convirtió en un símbolo que movilizó a millones y que hizo necesaria la aprobación de la Ley del Feminicidio que lleva su nombre.
Las instituciones demandadas respondieron a través de sus abogados, pero una de ellas fue más allá.
Nayibe Carrasco, jefa de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno, delegó a Boada para asumir la defensa del Distrito. Se sabe ahora por declaraciones de Miguel Uribe Turbay, Secretario de Gobierno, que la carta de renuncia de Carrasco fue presentada en las últimas horas.
Si bien es cierto que la oficina jurídica tenía autonomía para dar contestación a la demanda, un caso tan emblemático debió pasar por las manos del Secretario. Nos preguntamos cómo es posible que absolutamente nadie se halla fijado en la tremenda injusticia que estaba cometiendo contra Rosa, su familia y todas las personas que han sufrido abuso.
No obstante, quedan otras preguntas que traspasan el caso en particular: cómo y por qué se nombran funcionarios que creen lícito imponer sus prejuicios por encima de los derechos y la obligación que tiene el Estado de proteger a todos sus ciudadanos.
Cuántos abogados, jueces, fiscales, médicos y celadores, obligan a que las víctimas pasen por sus filtros de moral cuando asisten a ellos en una dolorosa búsqueda de reparación y justicia.
El accionar de estos funcionarios es un alivio para los victimarios.
Resulta aterrador que las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos nos condenen a un permanente estado de indefención.
Al Distrito y al Estado le exigimos un compromiso real en contra de la violencia que también se ejerce desde allí.
Para que quede claro, no, ella no lo estaba pidiendo. Ninguna víctima de violencia sexual lo ha pedido.
Atrévete Bogotá Ihollaback.
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